TUBERCULOSIS BOVINA
La Resolución 128/12 del SENASA, estableciendo el Plan nacional de Control y Erradicación de la Tuberculosis, fue el punto central de la reunión de la Comisión Provincial de Sanidad Animal, realizada el miércoles pasado. El cuestionamiento provincial y de los productores, es la proveniencia de los fondos que se necesitarán para llevarlo a la práctica, ya que requiere de la eventual participación de profesionales veterinarios, laboratorios y envío de muestras ante la sospecha de la enfermedad, considerando que el 80% de los ganaderos pertenecen al estrato de pequeños productores.
Participaron los representantes de todas las entidades que conforman el cuerpo y el secretario de Producción, Cristian Vilas, junto al equipo técnico de la Dirección de Producción Animal.
El médico veterinario José Vega, de la citada Dirección, tuvo a su cargo efectuar una introducción con una síntesis de los aspectos más importantes de la normativa, que consta de más de 90 páginas y a la cual deben adherirse las provincias mediante acciones que concreten los objetivos establecidos.
Luego de un intercambio de información entre los presentes, referido fundamentalmente a los alcances del programa en la práctica, la directora del área, dra. Sara Romero, leyó el informe elaborado por los 17 técnicos que integran la Dirección, algunos de los cuales actúan en las inspecciones veterinarias de los frigoríficos habilitados y fiscalizados por la provincia.
Los profesionales coincidieron totalmente con los objetivos perseguidos por la norma, ya que se trata de una zoonosis que afecta la salud pública y además posiciona a la carne, lácteos y derivados en los mercados internacionales.
El programa incluye a todos los establecimientos lecheros y cabañas lecheras (bovinos, caprinos y ovinos) y cabañas de carne de bovinos y caprinos, en forma obligatoria. También establece un plazo de 1 año a partir del 21/05/12 para que los establecimientos de carne ingresen al plan a través de un sistema de vigilancia epidemiológica en frigoríficos y mataderos.
En este punto, el informe califica de inviable ese plazo, toda vez que la estructura de las plantas faenadoras de la provincia está conformada por 1 frigorífico tipo A (sin funcionar actualmente), 3 mataderos frigoríficos tipo B, 9 mataderos frigoríficos tipo C, 5 mataderos rurales y 18 mataderos básicos de excepción.
De las plantas tipo B, sólo una posee habilitación del SENASA y 34 tienen habilitación provincial. A su vez, de estas últimas sólo 6 tienen inspección veterinaria de la provincia, en tanto que del resto cuenta con inspección municipal y 12 no están operando por distintos motivos.
La información que debería provenir de las inspecciones veterinarias municipales es prácticamente nula, pese a tener carácter obligatorio, alegando falta de sistema informática y de presupuesto. Tampoco se cuenta con información estadística de decomisos por TCB, por esa misma razón.
Por otra parte, no se establece en lo normado quien debe asumir los costos para las tareas especificadas: del total de productores, el 80% se encuadra en el estrato de pequeños productores, los que deberían realizar el saneamiento de su rodeo sin el acompañamiento de la estructura y de plantas faenadoras necesarias para el seguimiento epidemiológico establecido.
El costo a absorber por el productor incluye los honorarios profesionales del veterinario privado acreditado (inoculación y lectura para posterior certificación), insumo (frasco de 100 dosis, debiendo desecharse el remanente de dosis porque no es reutilizable), eliminación de reactores positivos sin poder esperar el momento oportuno de comercialización y, considerando que el destino final del ganado de carne es la faena, las carnes se decomisan en las plantas para evitar la transmisión de la enfermedad.
Aduciendo otros motivos adicionales, el informe de la Dirección concluye que, a menos que el SENASA se haga cargo del financiamiento del programa, la provincia no está en condiciones estructurales y económicas para ejecutar el plan sin restricciones, pese a estar absolutamente de acuerdo con los fines perseguidos.
Este informe será elevado al Ejecutivo Provincial con fines de asesoría, ante un pedido de la Cámara de Diputados que busca informarse para decidir sobre la adhesión al Plan del SENASA.
Quejas contra el SENASA
Posteriormente, entre otras notas ingresadas, la comisión Técnica de la COPROSA presentó su queja ante los representantes del SENASA, por no haber remitido el informe elaborado por el organismo, y en el cual se determinó que un gran porcentaje de reses remitidas desde Corrientes hacia otros destinos, no contaban con la suficiente cobertura inmunológica contra la aftosa.
Fue en base a ese informe que el SENASA estableció la fecha de la campaña de vacunación anterior y el posterior período de 45 días de inmovilidad de la hacienda, que dio lugar a fuertes quejas del sector ganadero.
También, que por los resultados de ese muestreo la Comisión Técnica acordó realizar una reunión en Mercedes la semana pasada, con el objeto de analizar las probables causas de esa insuficiente inmunidad; pero el informe no llegó.
Luego volvió a tratarse el tema de la normativa establecida para el ingreso de animales vacunados a campos no vacunados, que viene siendo objetada desde hace tiempo por los productores, sin que el organismo se expida al respecto.
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